Defensores de los derechos civiles y de los migrantes aplaudieron la decisión, pero advirtieron que el miedo causado por la persecución del gobierno de Trump seguiría presente.
Por Jazmine Ulloa
El martes, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló el decreto del gobierno de Donald Trump que limitaba el derecho a la ciudadanía estadounidense automática de los bebés nacidos en su territorio.
Líderes de los derechos civiles y organizaciones de defensa de los migrantes celebraron la decisión, tomada por 6 votos contra 3, que dijeron que reafirmaba más de un siglo de jurisprudencia y los valores que Estados Unidos ha defendido por mucho tiempo. Sin embargo, advirtieron que el miedo causado por la persecución a inmigrantes por parte del gobierno de Trump seguiría.
Los partidarios de una línea dura en materia migratoria condenaron el fallo de la Corte Suprema y argumentaron que la campaña del gobierno de Trump contra quienes se encuentran de manera ilegal en el país estaba justificada y era más urgente que nunca.
Kevin Roberts, presidente de la Heritage Foundation, un centro de estudios conservador, lo calificó de “una tremenda traición a la república” que restaba valor a la ciudadanía estadounidense. También, en un adelanto de lo que podría ser el siguiente paso de los opositores republicanos, pidió una enmienda constitucional para corregirlo.
Esto es lo que hay que saber.
¿Cómo llegamos hasta aquí?
La ciudadanía por derecho de nacimiento, que tiene sus raíces en el derecho consuetudinario, ha sido garantizada por la Decimocuarta Enmienda de la Constitución estadounidense desde hace más de 150 años.
El presidente Trump lleva tiempo prometiendo restringir este derecho, al que ha tachado de una “estafa” que atrae migrantes. El primer día de su segundo mandato, Trump firmó una orden ejecutiva para poner fin a la ciudadanía por nacimiento para los bebés nacidos en Estados Unidos de inmigrantes indocumentados y residentes extranjeros con estatus legal temporal. Entre ellos se incluían turistas y estudiantes con visa.
Organizaciones defensoras de migrantes y de los derechos civiles, junto con más de 20 estados y el Distrito de Columbia, impugnaron la orden a través de al menos cuatro demandas importantes. Estas dieron lugar a fallos de tribunales inferiores que impidieron que las restricciones entraran en vigor en todo el país.
El caso evaluado por la Corte Suprema tiene su origen en una demanda colectiva denominada “Barbara vs. Trump”, presentada en New Hampshire para proteger los derechos de todos los niños nacidos en Estados Unidos.
¿Cuál es el impacto inmediato?
La orden ejecutiva ya no tiene validez. Los estados pueden seguir expidiendo certificados de nacimiento.
Los padres no notarán ningún cambio ni encontrarán obstáculos legales adicionales a la hora de solicitar certificados de nacimiento, pasaportes o números del Seguro Social. Un certificado de nacimiento estadounidense seguirá siendo prueba de ciudadanía para cualquier niño.
Según el Pew Research Center, hay más de seis millones de personas nacidas en Estados Unidos que viven con al menos un progenitor que es migrante no autorizado. Esa cifra incluye unos 4,6 millones de menores de 18 años y unos 1,4 millones de adultos nacidos en Estados Unidos.
Deborah Fleischaker, una exfuncionaria del Departamento de Seguridad Nacional que ahora forma parte del grupo latino UnidosUS, dijo que la decisión era “un enorme alivio”. Expertos en políticas públicas habían advertido que la orden corría el riesgo de crear una clase marginada permanente de niños apátridas, excluidos de la ciudadanía en Estados Unidos y potencialmente rechazados por los países de origen de sus padres.
¿Cuáles son las repercusiones políticas?
Según un análisis de encuestas realizado por The New York Times, la mayoría de los estadounidenses apoya la ciudadanía automática para quienes nacen en territorio estadounidense. Eso incluye a una gran mayoría de los demócratas y a alrededor del 40 por ciento de los republicanos.
El fallo anula una de las partes más ambiciosas de la agenda migratoria del gobierno de Trump y podría provocar peticiones de legisladores republicanos para impulsar una enmienda constitucional que restrinja ese derecho. Esa sería una batalla legislativa con obstáculos significativos.
En Washington, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, se quejó cuando los periodistas le informaron sobre el fallo de la Corte Suprema sobre la ciudadanía por nacimiento. Les dijo que tenía que leer el dictamen, pero sostuvo que “en años recientes se ha abusado gravemente” de ese derecho.
“Estoy muy decepcionado con este resultado”, dijo, añadiendo que generaría “serios desafíos de cara al futuro” que el Congreso tendría que encontrar la manera de abordar.
Expertos en inmigración dijeron que a pesar de que Trump perdió el martes, su gobierno estaba transformando de manera fundamental la política migratoria. El fallo fue apenas un revés entre más de 700 restricciones migratorias impuestas desde que Trump inició su segundo mandato.
La semana pasada, la Corte Suprema puso fin a las protecciones humanitarias temporales para más de 350.000 haitianos y sirios, lo que inició una situación que algunos expertos jurídicos denominan como la mayor “desdocumentación” de migrantes de la historia moderna.
A pesar de esta derrota aparentemente histórica, el gobierno de Trump está ganando su guerra contra los migrantes”, dijo Stephen Yale-Loehr, experto en inmigración de la Universidad de Cornell. “Como resultado, Estados Unidos tiene por primera vez en 50 años una migración neta negativa, menos turistas internacionales están visitando el país y las empresas estadounidenses no pueden contratar a los trabajadores que necesitan”.
THE NEW YORK TIMES